Sierra Norte de Puebla.- Geográficamente divididos por la cadena de montañas de la Sierra Madre Oriental, la defensa de la tierra y del agua ha unido a los indígenas nahuas y totonacos y a los mestizos que habitan el norte del estado de Puebla en un frente contra la explotación minera y la instalación de plantas hidroeléctricas.

Aunque la información oficial sobre los denominados “proyectos de muerte” se ha dado a cuentagotas se sabe que el gobierno federal ha entregado más de 90 concesiones en 31 municipios de la sierra norte que abarcan poco más de 113 mil 507 hectáreas de terreno y se ha proyectado la construcción de nueve plantas hidroeléctricas en la misma zona.

El 50 por ciento de las concesiones entregadas son para extracción de oro, plata, plomo, cobre y zinc. Otras son para plomo, manganeso y minerales no metálicos como feldespato y sílice cuya extracción en los municipios de Honey y Ahuazotepec tiene más de 60 años y ha crecido de manera proporcional a la deforestación de los bosques en ambas demarcaciones.

Sin embargo, habitantes de las sierras alta y baja o de la oriental y noroccidental, han tomado conciencia del riesgo de que este territorio pueda ser devastado por la explotación minera a tajo abierto o inundadas por la construcción de enormes represas y sus aguas contaminadas por cianuro y mercurio.

En la acometida contra los recursos naturales de la región participan dos transnacionales canadienses Almaden Minerals -que se presenta a través de sus empresas Minera Gavilán y Minera de Zapata- y Gold Corp que coinciden con grandes empresas mexicanas como Minera Plata Real, Frisco, propiedad de Carlos Slim y Grupo México de Germán Larrea.

Las mineras cuentan con que se podrán abastecer del agua de los ríos Zempoala, Papaloteno, Ajajalpan, Ahuacatlán, Necaxa y como necesitarán mucha energía eléctrica para triturar y centrifugar las piedras y no quieren enchufarse en la red de la Comisión Federal Electricidad que a menudo tiene fallas y es demasiado cara, construirán represas en algunos de esos caudales.
Por ejemplo, desde abril de 2011, Grupo México inició gestiones para construir tres represas en el río Ajajalpan, donde sus agentes han empezado a presionar a los pequeños productores para que vendan sus tierras, sin embargo, se toparon con la decisión de un puñado de indígenas totonacos, de Ignacio Zaragoza, en Olintla, que en diciembre de 2012 bloquearon el acceso a un enorme tractor que trazaría el camino para la construcción de uno de los vasos de agua, hasta que la empresa anunció la cancelación de su proyecto.

La explotación de los yacimientos minerales en la región data de la época prehispánica, alcanza su máxima expresión durante el siglo XVIII, pero siempre se hizo de manera rudimentaria sin usar azogue o mercurio, solo unas pequeñas pailas hechas con cuernos de toro.

Tras la expedición de la Ley de Minas en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se entregó a diversas empresas mineras, nacionales y extranjeras, 30 por ciento del territorio nacional y en la Sierra Norte se reiniciaron las actividades al amparo de estas normas, que las consideran como de “utilidad pública, preferentes y libres de impuestos”.

Luego de que en 2011, se ubicara a la entidad poblana en el primer lugar de la riqueza minera nacional, a  partir de estudios realizados por el gobierno federal que definieron una nueva cartografía geológico-minera, geoquímica y geofísica, en el primer semestre de 2012, se entregaron 312 concesiones, que representan el 23 por ciento de los mil 343 nuevos títulos dados en el país en ese periodo.

De acuerdo con el sexto informe de gobierno de Felipe Calderón la localización de 110 nuevos puntos con potencial minero, permitiría incrementar la estrategia en el sector y situar a Puebla, junto con Oaxaca, Baja California, Sinaloa y Zacatecas como la base para definir proyectos de exploración e incrementar el valor de la industria extractiva del país.

Es la Minera Gavilán S.A. de C. V., uno de los nombres con los que trabaja la canadiense Almaden Minerals, la empresa a la que se le ha concesionado la mayor extensión de territorio en el estado: 70 mil hectáreas de donde podrá extraer oro, plata y cobre; 31 mil 666 de estas hectáreas de terreno están en el municipio de Libres.

El resto están repartidas en Tetela de Ocampo con 11 mil 201 hectáreas en el predio denominado Cerro Grande I; Zautla con 3 mil 28 hectáreas en El Cerro Grande; Ahuazotepec con 9 mil 942 hectáreas en el predio Terrerillos;  otras 9 mil 690 hectáreas en Xochiapulco; 376 en Guadalupe Victoria y en Tepeyahualco con 4 mil 180 hectáreas.

Historia de tensiones y conflictos

Fue el incremento de actividades de exploración —a finales diciembre de 2011—, en las 10 mil 663 hectáreas concesionadas por 50 años, a partir de 2003, a la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, en el cerro de Espejeras de Tetela, lo que alertó a los serranos que empezaron a buscar información y a organizarse para frenar la extracción de oro y plata, y con ello la devastación de sus recursos naturales.

La presencia de los empleados de las mineras en Tetela –por lo menos desde 1985-, siempre mantuvo un bajo perfil y sus actividades se realizaban de manera “encubierta”, pero a partir de mayo de 2012 su relación con los pobladores empezó a tensarse.

“Desde 1985 llegaron a comprar propiedades, a tratar de convencer a muchos de que vendieran sus terrenos en la zona de Espejeras y La Cañada, y últimamente han adoptado una postura más agresiva: a quien se niega a vender lo amenazan con que se atenga a las consecuencias si sus propiedades sufren daños: ‘A ver qué haces cuando se te caigan las piedras de allá arriba’”, explicó don Germán Romero, dirigente de Tetela Hacia el Futuro.

Por ello, agregó don Germán, “cuando nos dimos cuenta que estaban con barrenos con los que han horadado hasta 800 metros de profundidad en distintos puntos del cerro y empezaron a abrir brechas, a hacer cambio de uso de suelo, sin contar con los permisos, nuestra preocupación creció, porque empezaron a ser una amenaza que puede acabar con la población”.

“Por eso es este dolor, porque quieren acabar con la estructura social de los pueblos, quieren terminar con los vínculos más íntimos de la gente, con su sentido de arraigo y de pertenencia.

Quieren destruir una parte de un sistema gigantesco que se llama Sierra Norte de Puebla. Porque lo que aquí se haga va a repercutir en Cuetzalan, en Zongozotla, en Zapotitlán. La contaminación más grave empezará cuando la minera se vaya, es decir dentro de 3 o 4 años”, refirió.

El sentimiento de rechazo a las actividades de la minera y a las hidroeléctricas en la Sierra Norte se ha ido extendiendo y siempre va acompañado del reclamo a las autoridades por la falta de información y de consulta sobre la puesta en marcha de estos proyectos.

Primero, la información sobre los efectos de las actividades extractivas fue compartida en reuniones de unos cuantos, luego se organizaron foros que convocaron a decenas y en los que se involucraron las autoridades de Tetela y Zautla, quienes que han decidido someterse al mandato de la población.

Mientras que en Ixtacamaxtitlán los trabajos de la Almaden Minerals registran avances significativos y la resistencia es incipiente comparada con la agresiva campaña que realizan los canadienses que, lo mismo pasean a escolares en la zona de exploración que regalan sillas de ruedas en eventos del DIF estatal, como puede verse en su página web, donde aparecen fotografías de su director Morgan Poliquin al lado del gobernador Rafael Moreno Valle y de su esposa Martha Erika Alonso.

A esta situación contribuye además su alianza con el presidente municipal Erik Gorozpe Treviño, quien de manera oficiosa aseguró que la empresa tiene los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aun cuando la misma dependencia ha rechazado haber otorgado alguna autorización a la trasnacional minera.

Lo mismo sucede con la explotación de las minas de feldespato en la zona limítrofe de los municipios de Zacatlán y Ahuazotepec, ambos en el área natural protegida Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, que crece de manera proporcional a la deforestación de sus bosques por la práctica de la tala ilegal, conocida y tolerada por autoridades de todos los niveles de gobierno.

Para el año 2010 la producción de feldespato en la entidad se ubicó en 371 mil 49 toneladas con un valor de 194 millones 719 mil 486 pesos, de acuerdo con datos del Panorama Minero en Puebla, elaborado por la Coordinación General de Minería del Servicio Geológico Mexicano, y casi el 30 por ciento, 91 mil 250 toneladas, fueron procesadas por la empresa Materiales y Materias Primas Ahuazotepec, filial del Grupo Monterrey, que trabaja con los yacimientos comprendidos en estas demarcaciones.

Los costos ecológicos y sociales de la actividad han sido altos: sólo en Ahuazotepec asociaciones civiles han cuantificado en más de 300 las hectáreas deforestadas en el bosque municipal, mientras que otras 500 están en manos de taladores ilegales, con la complacencia de las autoridades y con el objetivo de apropiarse de los yacimientos minerales de sílice y feldespato que hay en el lugar.

Sin embargo a este desalentador panorama para la región, se contrapone la toma de conciencia, la movilización y la sensibilización social de los serranos que han definido que “la defensa de la Tierra es lo más importante”. Así sucede en Zautla.

Tras largas jornadas informativas para que el pueblo decidiera la aprobación o rechazo a los trabajos de la empresa china JDC Minerales, S. A. de C.V. en la vieja mina La Lupe ubicada en Tlamanca, se resolvió la clausura de las obras iniciadas para el proyecto extractivo en este municipio serrano con un viejo historial minero que data de la época colonial.

Uno a uno, los 32 pueblos de la demarcación realizaron sus asambleas, levantaron sus actas y luego marcharon hasta los viejos socavones del patio de la mina Armando, en el cerro de La Lupe, para conocer a los mineros chinos que pretenden llevarse los metales de este, por semiárido, atípico lugar en la sierra nororiental.

Luego colocaron la lona de clausura y se reunieron en asamblea donde a grito pelado y a mano alzada, instruyeron al ex alcalde Juan Manuel Iglecias Parra a no otorgar ningún permiso que ponga en riesgo a la población y más tarde pidieron a los mineros que abandonaran la comunidad, cosa que hicieron, aunque se sabe que negocian con las autoridades su regreso.

Mientras tanto, activistas de varios municipios serranos, organizados en el Consejo de la Tierra (Tiyat-Tlali) consideran que ante los proyectos mineros y la construcción de hidroeléctricas que se desarrollan en la región, el peor escenario será ver cómo sacan los recursos naturales y que la gente se quede callada observando la destrucción.

“No podemos ser ajenos, porque dependemos y pertenecemos a la madre naturaleza. Por eso cuando las abuelas dicen que Nuestra Madre Tierra siente y le duele, lo confirmamos cuando ya no quiere dar la cosecha. Y siendo nosotros sus hijos, su dolor es nuestro dolor, para nosotros los indígenas, la Tierra es sagrada, sin ella no somos nada. Un indígena sin Tierra, es un indígena muerto”, concluyeron.