Pide Luis Sánchez a autoridades federales actuar con apego a la ley en conflicto de la Compañía Minera de Cananea; demanda pagos justos
Comunicado Dossier Politico
Dia de publicación: 2017-10-19
El senador Luis Sánchez Jiménez solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asumir la defensa de los derechos de los trabajadores mineros que demandan el pago del 5% de las acciones de la Compañía Minera de Cananea, comprometidos en el Convenio firmado desde el 20 de agosto de 1990.
En un Punto de Acuerdo turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD demandó pagos justos por las acciones que legítimamente les corresponden a los mineros y que no se exonere de su responsabilidad a la empresa que sigue explotando la veta, como se pretende resolver.
Agregó que los ahora ex trabajadores nunca han recibido lo que conforme a Derecho les corresponde, a pesar de algunos emolumentos otorgados vía Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que no representan por mucho lo acordado.
Sánchez Jiménez, explicó que se ha pretendido simular un pleito entre líderes de ese gremio y trabajadores, dejando de lado la responsabilidad de la empresa y evadir el compromiso.
El legislador por el Estado de México pidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el laudo sobre este asunto resuelva conforme a Derecho, atendiendo la demanda de los trabajadores para recibir el monto de las acciones comprometidas, los intereses y utilidades correspondientes, considerando la probada solvencia y rentabilidad de la empresa Grupo México.
En el documento presentado al Pleno del Senado, el legislador por el Estado de México señaló que el conflicto entre trabajadores mineros y Grupo México se remonta a 1989 cuando la Compañía Minera de Cananea se declaró en quiebra y Grupo México adquirió la minera, catalogada como la tercera más grande del mundo en depósitos de mineral de cobre, mediante subasta pública en 1990.
Informó que la operación de venta de la mina de Cananea se hizo por 475 millones de dólares, en tanto la deuda por la que se justificaba la quiebra, que ascendía a alrededor de dos mil millones de pesos, fue absorbida por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
“El 20 de agosto de ese año Grupo México contrajo mediante Convenio la obligación de pagar el 5 por ciento del total de las acciones de la Compañía Minera de Cananea S. A. de C. V. al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, para poder concretar la adquisición de los activos de dicha compañía”, aclaró.
Sin embargo, Grupo México se negó a cumplir ese compromiso con los trabajadores, pretendiendo extender el conflicto hasta que ese compromiso suscrito prescribiera.
Y pese a que en 2005 la empresa cedió 55 millones de dólares para ser administrados por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana el conflicto se ha complicado, en contra de cientos de trabajadores mineros que no han recibido lo que en justicia les corresponde.
“En Cananea, pero también en todos los lugares donde opera Grupo México, organizaciones sindicales, grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil han denunciado en reiteradas ocasiones las agresiones y tropelías de esa empresa”, indicó el senador.
Por lo que solicitó a las autoridades federales atender las demandas de los trabajadores mineros que han exigido justicia ante la renuencia de la empresa a cumplir aquel convenio.
“Hasta la fecha los trabajadores han denunciado la parcialidad de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, lo que anticipa que se deslindará a Grupo México del pago de las acciones establecido como condición para la venta de la Compañía Minera de Cananea”, advirtió.
Sánchez Jiménez agregó que ante los reiterados daños sociales, ambientales, ecológicos y económicos que Grupo México ha causado a la población y los trabajadores, los mineros han cuestionado el proceder de las autoridades federales, que pretenden resolver que el consorcio demandado cumplió ya con sus obligaciones y no tiene responsabilidad alguna.
“Toda vez que el laudo definitivo ha sido programado para emitirse este mes de octubre por la JFCA, cabe demandar que se actúe con apego a la ley y se respete lo establecido en el referido fideicomiso 10964526, antes 9645-2, otorgando a los mineros pagos justos por el valor de las acciones que legítimamente les corresponden”, demandó.
