Mexicali, Baja California- El Congreso del Estado solicitará información al Gobierno del Estado sobre el proyecto minero El Arco que se ubica al sur de Ensenada y en el que hay intención de extraer oro, cobre y plata.
El diputado de MovimientoCiudadano, Alcibíades García Lizardi, presentó ante el pleno de la XXI Legislatura un punto de acuerdo en el que solicita al Gobierno del Estado proporcionar información acerca del mencionado proyecto encabezado por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país (según la revista Forbes) y uno de los principales beneficiados con la privatización del sector minero.
En su exposición de motivos, el legislador dio a conocer que la zona conocida como El Arco es un poblado ubicado en la parte central del Paralelo 28, en el límite geográfico de Baja California y Baja California Sur.
"En dicha región existe desde hace años interés del consorcio empresarial Grupo México de extraer los yacimientos de cobre, oro y plata en base a explotación a cielo abierto, técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire", declaró.
García Lizardi refirió que este proyecto que de acuerdo a declaraciones de autoridades del Estado iniciaría hacia finales del 2014, ha generado preocupación e incertidumbre entre casi 60 mil pobladores.
"Grupo México tiene un amplio y negro historial de incidentes y contingencias provocadas por negligencia y por una actitud irresponsable que ha provocado daños irreversibles al medio ambiente y afectado la salud de miles de personas en varios de los proyectos que ha emprendido en el país".
Negro antecedente
El representante popular de Movimiento Ciudadano informó que el 6 de agosto del año pasado una falla en la operación de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, propició el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al Río Sonora, el cual abastece de agua para consumo humano y actividades productivas a siete Municipios, lo que afectó a 25 mil habitantes en el suministro del vital líquido, además de arruinar la economía de miles de familias.
Abundó que después un tren de Ferromex, empresa filial de Grupo México, que transportaba químicos tóxicos que serían comercializados en el extranjero, descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz, en Nogales, Sonora, con lo cual se derramaron 240 toneladas de ácido sulfúrico.
García Lizardi solicitó también "se lleven a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno federal para que la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua proporcionen respectivamente los expedientes correspondientes a las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental del proyecto; las concesiones mineras otorgadas por la Dirección General de Minas a Grupo México SA de CV/Mexicana del Arco SA de CV y las concesiones y perforación de pozos de agua para el desarrollo del megaproyecto".
Las autoridades tanto federales como estatales, abundó, deberán estar alertas a fin de exigir las más estrictas garantías de seguridad a este consorcio empresarial o en caso contrario, cancelar todo tipo de permisos y concesiones otorgadas para la exploración y explotación minera en la península de Baja California.
