El Ventolín, la marca comercial más conocida del medicamento utilizado para tratar crisis asmáticas, hunde sus raíces en el suelo árido de San Luis Potosí. Una mina ubicada en este Estado al norte de México concentra el 20% de las reservas mundiales de fluorita. Lo que de inicio son unas rocas del tamaño de una bola de tenis, de color marrón rosado, se transforman en un gas esencial para fabricar los inhaladores que utilizan pacientes con enfermedades respiratorias, el grupo más vulnerable a la Covid-19. El 80% del total de estos aparatos, estima Orbia, la empresa propietaria de la mina, usa la fluorita que se produce allí. En plena crisis del coronavirus, el decreto del Gobierno mexicano que suspende todas las actividades “no esenciales” durante un mes ha sumido en la incertidumbre las operaciones de esta planta y amenaza con interrumpir de forma brusca la cadena de suministro global.
La mina de San Luis es una colina rocosa punteada por arbustos. Bajo tierra, tiene unos 15 kilómetros de túneles que se adentran hasta una profundidad de 360 metros. Es el punto de arranque. Allí, el personal hace estallar la roca y la transporta hasta una especie de trituradora que rompe la cosecha en pedazos de unos seis centímetros de diámetro. De las aproximadamente 6.000 toneladas de mineral que se extraen al día, una parte importante se envía a una planta en Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos, para su conversión en ácido fluorhídrico.
La siguiente parada es otra fábrica en el Estado de Louisiana, en Estados Unidos, que transforma el material en gas refrigerante. De allí, se transporta a Reino Unido donde se purifica hasta alcanzar los estándares médicos. El producto acabado se vende entonces a los fabricantes de inhaladores de todo el mundo. Las 8.000 toneladas de gas que produce la empresa anualmente son suficientes para 400 millones de inhaladores, según sus estimaciones. Su negocio de flúor reporta unas ventas de aproximadamente 800 millones de dólares al año.
Los engranajes de esta compleja cadena multinacional están ahora en riesgo. México declaró a finales de marzo la emergencia sanitaria y decretó la suspensión de actividades “no esenciales” al menos hasta el 30 de abril. El sector sanitario, así como el agroalimentario y el petrolero, entre otros, fueron exentos. No fue el caso de la minería, salvo unas pocas excepciones: las minas de carbón que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad y las metalúrgicas que proveen a alguno de los proyectos prioritarios de la Administración, entre ellos la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
Pero la planta de San Luis está en un limbo. Es una mina y, por tanto, “no esencial”. Al mismo tiempo, produce un insumo para material sanitario y, en consecuencia, podría estar exenta. En una carta enviada a las autoridades, a la que EL PAÍS ha tenido acceso, la empresa cita el decreto de suspensión para justificar su continuidad. El documento oficial permite “la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud”, una categoría que la compañía considera aplicable a sus operaciones. Daniel Martínez-Valle, consejero delegado de este conglomerado industrial controlado por la familia Del Valle, atribuye la confusión a la ambigüedad del decreto. “Lo que nos preocupa es que el Gobierno nos trate como una mina y que tengamos que cerrar a menos que las autoridades evalúen caso por caso si quedamos exentos”, sostiene.
Acompañan la carta peticiones escritas de clientes cuyo suministro depende de la fluorita producida en San Luis Potosí. Entre ellos, está la india Cipla, el segundo mayor fabricante de inhaladores en el mundo, y la británica Glaxo, productora del famoso Ventolín. Ambas consideran “crítico” el mantenimiento de las operaciones de la mina. Debido a la concentración de la explotación de la fluorita –un 60% en China, otro 20% en la planta mexicana– la cadena global es poco flexible y los fabricantes tiene un margen muy escaso para tapar un boquete del tamaño que supondría el cierre temporal.
“Sin el mineral, la cadena médica de suministro está muerta”, asegura Sameer Bharadwaj, el presidente de Koura, la rama de Orbia que se ocupa del negocio de la fluorita. “Cuando una planta de la cadena está cualificada, no puedes cambiar la fuente. No puedes ir a China, comprar gas y enviarlo al Reino Unido”. Bharadwaj añade un elemento más a la mezcla: un aumento de al menos un 10% en los pedidos. “Muchos de nuestros clientes están desabastecidos y estamos recibiendo más pedidos porque están anticipando mayor demanda por la Covid-19”, dice por teléfono desde la oficina de Boston.
La cacofonía de la Administración en la cruzada contra el virus ha complicado la comunicación. El Consejo de Salubridad General que emitió el decreto de suspensión está presidido por el secretario de Salud, pero fue el de Relaciones Exteriores quien leyó el documento ante las cámaras. Desde hace dos semanas, Orbia ha llamado y escrito a varias Secretarías para aclarar su situación sin obtener una respuesta oficial. La empresa también se ha comunicado con las Embajadas de EE UU, Francia y Reino Unido en México para intentar abrir un canal de comunicación.
Este periódico se ha puesto en contacto con las Secretarías de Salud y Economía. La primera ha redirigido la consulta a la segunda. Un portavoz de Economía asegura, a su vez, que son los funcionarios de Salud “los únicos que pueden hacer interpretaciones” del decreto. De todos modos, el portavoz señala que el documento “no establece ningún mecanismo de permiso/exención” y que “salvo que la mención al sector en los Acuerdos publicados por Salud sea expresa, no se puede decir que alguna empresa o sector estén automáticamente incluidos en la lista de actividades esenciales”.
A la espera de que se pronuncien las autoridades sobre el caso específico, la mina ha seguido funcionando. Sin embargo, si se confirma el cierre durante el mes de emergencia, la empresa estima que se dejarían de fabricar unos 30 millones de inhaladores, en un momento en que el grupo más afectado por la Covid-19 son las personas que ya padecían previamente de enfermedades respiratorias. De cerrarse, la producción tardaría una semana en reiniciar y estabilizar la operación a lo largo de la cadena de suministro.
Estos intentos de acercamiento se dan en un marco de tirantez entre la actual Administración y las mineras. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no autorizar más concesiones de tierras como parte de su agenda en favor de los pueblos indígenas y de lucha contra la corrupción. Aunque el sector todavía representa un 4% del PIB mexicano, la cifra es la mitad de lo que pesaba en 2011. A esta racha de años de crecimiento negativo se une ahora la crisis provocada por la pandemia y la respuesta del Gobierno. Hay informes de minas que ya han empezado a cerrar tras la publicación del decreto. Mientras tanto y en paralelo a los esfuerzos de Orbia, la Cámara Minera trata de negociar con el Gobierno la ampliación de la lista de excepciones.
