México, Estado de Durango A dos días de la audiencia del caso del Ejido La Sierrita contra la minera canadiense Excellon Resources Inc., integrantes de las fuerzas de seguridad pública detuvieron arbitrariamente a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón, todos integrantes de la comunidad La Sierrita de Galeana, estado de Durango, y familiares de ejidatarios. Además, dos días antes detuvieron a Héctor Pacheco, también familiar de ejidatarios e miembro de la comunidad. Todos a excepción de los tres últimos mencionados, son también trabajadores integrantes de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero (SNTMMSSRM).
El ejido La Sierrita ha estado luchando por la defensa de su tierra, territorio y bienes naturales frente a la minera Excellon de México S. A. de C. V., filial de la Canadiense Excellon Resources Inc., desde el 2004. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover integralmente casos representativos de violación a los derechos económicos sociales y culturales, ha estado acompañando al ejido en la defensa de sus derechos humanos desde el 2007 y a los trabajadores de la mina La Platosa de Excellon Resources Inc. desde el 2010.
HECHOS
El domingo 10 de noviembre, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, elementos de la Policía Estatal y de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) llegaron a la comunidad de La Sierrita y detuvieron a los miembros de la comunidad antes señalados. Mediante presión e intimidación, los obligaron a subirse a las camionetas de la policía de Durango sin presentar alguna orden de aprehensión, los amenazaron diciéndoles que no hicieran ningún escándalo o que les iría mal.
Mientras se encontraban retenidos, los mantuvieron dando vueltas en Bermejillo y Nombre de Dios, dos comunidades cercanas a la comunidad de La Sierrita. Les realizaron preguntas específicas sobre Héctor Pacheco, otro miembro de la comunidad quién fue detenido el viernes pasado por elementos de la Policía Estatal. La Policía Estatal y la DEI los llevó a su cuartel localizado en la comunidad de Bermejillo y los mantuvo retenidos por alrededor de una hora y media sin que se les explicara el motivo de la detención ni la identificación de los elementos de la Policía Estatal y la DEI.1
Por otro lado, el 8 de noviembre, Héctor Pacheco fue detenido al interior de su casa, a jalones de cabello y empujones. Al subirlo los elementos de la policía lo amenazaron diciéndole ahora sí ya te cargo la verga. Ya en el cuartel de la Policía Estatal en Bermejillo, lo interrogaron y le preguntaron a qué se dedicaba, si sabía quién de la Sierrita andaba asaltando, que les dijeran quién tiene armas, que ya sabían que los de La Sierrita eran desmadrosos. Lo interrogaron por alrededor de una hora y media y posteriormente lo liberaron. Estos hechos ocurren a dos días de la audiencia a realizarse en elTribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Torreón, en el juicio para la rescisión del contrato de ocupación temporal de 1100 hectáreas de las tierras de uso común del ejido La sierrita.2
ANTECEDENTES
Los ejidatarios han sido víctimas de repetidos actos de hostigamiento, y estos actos se han intensificado en los últimos meses debido a la decisión de los y las ejidatarias de rescindir el contrato de ocupación temporal de 1100 hectáreas en contra de la empresa minera Excellon Resources Inc. por violaciones e incumplimientos. Asimismo, la presencia del ejército y la Policía Estatal ha aumentado en el ejido recientemente, por ejemplo se han percibido vehículos del ejército estacionados afuera de las viviendas de ciertos ejidatarios, así como patrullas de la Policía Estatal rondando por la comunidad y alumbrando el interior de algunas viviendas con linternas de alta potencia.
Adicionalmente, el clima de hostigamiento e intimidación se ha manifestado contra las y los integrantes de ProDESC durante el último año. Desde julio de 2012 ProDESC ha documentado por lo menos 28 notas difamatorias que descalifican, falsean información y denuestan el trabajo que realiza en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, enfocándose de manera principal en el proceso que ProDESC acompaña y asesora en el estado de Durango en defensa de los derechos a la tierra y medio ambiente del núcleo ejidal La Sierrita.3 La campaña de difamación se ha intensificado en los últimos meses y la nota más reciente califica a Alejandra Ancheita Pagaza, Directora Ejecutiva de ProDESC, como la abogada del diablo.4
Además desde hace dos meses se ha detectado un clima de hostigamiento y vigilancia por personas desconocidas afuera de las oficinas. Así mismo, el día 19 de octubre fueron allanadas las oficinas de ProDESC, por lo que se presentó una denuncia de hechos.
Consideramos que las detenciones arbitrarias de Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, Ricardo Calderón, y Héctor Pacheco, así como los otros actos de intimidación y hostigamiento arriba mencionados, son una consecuencia directa de la lucha legítima en defensa de los derechos humanos del ejido la Sierrita y la Sección 309 frente a la minera canadiense Excellon Resources Inc. Además, consideramos que estos hechos demuestran la complicidad que existe entre la Policía Estatal de Durango, la DEI y Excellon Resources Inc. y representan un intento de perturbar el desarrollo de la demanda por la rescisión del contrato de ocupación temporal.
Por lo anterior, solicitamos al Estado que:
1. En caso que existan acusaciones en contra de las personas antes señaladas, se retiren de inmediato, ya que estos cargos están motivados únicamente por su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humano, o la de sus familiares;
2. Se identifique, investigue y sancione a los responsables de los hechos antes señalados;
3. Se tomen las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los ejidatarios de La Sierrita de Galeana y los integrantes de ProDESC, así como la de sus familiares, de acuerdo con sus propios deseos;
4. Se respeten los derechos humanos de los ejidatarios de La Sierrita y los integrantes de ProDESC de manera efectiva y apegada a los más altos estándares internacionales, y sancionen cualquier tipo de ataque o abuso de poder en contra de ellos;
5. El gobierno federal lance una campaña destacando la importancia y legitimidad del trabajo de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en la defensa de derechos laborales y los derechos relacionados a la tierra y territorio.
