Ivonne Melgar

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora concluyó que Grupo México incumple una treintena de disposiciones, como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que establece la reparacion de daños en caso de delitos contra el ambiente y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales.

El pleno de San Lázaro aprobó ayer el informe de esa instancia investigadora y la solicitud a Grupo México de crear un fondo por cinco mil millones de pesos a fin de resarcir los daños generados por lo que es calificado como el mayor siniestro en la historia de la minería mexicana.

El documento avalado por los legisladores plantea “hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre SA de CV, a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro en materia ambiental, laboral y, en general, de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.

Los integrantes de la comisión y los coordinadores de los grupos parlamentarios cuestionaron el comportamiento de Grupo México, que, insistieron, dista mucho de ser una empresa socialemente responsable, al tiempo que reprobaron su política laboral que excluye y discrimina a trabajadores de Cananea.

En el reporte, al enumerar los ordenamientos violentados, los diputados se refieren a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la de Aguas Nacionales, que faculta a la Federación para imponer multas a la compañía.

Señalan que las anomalías se relacionan con la ausencia de protección en el manejo de residuos; la falta de registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora como generador de residuos de manejo especial.

Detallan que tampoco se cumplió con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en lo dispuesto en el artículo 156, al contratar empresas no autorizadas para el control residual; y por el mismo hecho la Ley Minera, en los artículos 34, 39 y 43.

Destacan que Grupo México actuó al margen de la ley al no cubrir la NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre, uno de ellos consistente en impermeabilización del depósito, de tal manera que los ácidos oxidantes y los metales no sean absorbidos por el suelo hacia el subsuelo y los mantos freáticos.

“Fueron vulneradas cerca de treinta leyes de conservación ecológica y ambiental, así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para América del Norte, y las 46 NOM expedidas por Semarnat en materia de Cuidado de Aguas Residuales, Prevención de Contaminación de Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales, así como de Control de Residuos Peligrosos, entre otros”, se enumera.

Los diputados consideran que también se violentó la NOM-127-SSA1-1994, donde se establecen los límites máximos permisibles de arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio, “todos rebasados tras el derrame”.

“Hacia el colapso”

Integrado con la información que los diputados reunieron en el lugar de los hechos, el reporte incluye testimonios que extrabajadores de la mina dieron a la Comisión Especial sobre las irregularidades en la misma, como conflictos laborales y seguridad.

Así, exhibieron constancias de que no es la primera vez que se han derramado lixiviados en Buenavista del Cobre;  documentaron problemas de salud porque no se cumplen las normas de seguridad en el trabajo, lo cual fue sustentado con la Encuesta de Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo y Evaluación Médica de Mineros en la Mina de Cobre de Grupo México, Cananea, Sonora, realizada en su mayoría por expertos extranjeros.

Dicha muestra concluye que “las condiciones observadas dentro de la mina, las plantas procesadoras y  las prácicas de trabajo reportadas por los trabajadores durante las entrevistas, muestran una clara situación en la que el lugar de trabajo está llevándose deliberadamente hacia el colapso”.

Agrega que “una falta de mantenimiento preventivo, fallas en la reparación de equipos y corrección de peligros visibles, y una falta obvia de prácticas de limpieza han creado un lugar de trabajo en el que los trabajadores se ven expuestos a altos niveles de polvo tóxico y vapores ácidos, a operación de equipos sin suficiente mantenimiento, y a trabajar simplemente en un ambiente peligroso”.

Así, en el informe de los legisladores se cuestiona que “una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios (Hospital del Ronquillo), que no respeta sus derechos laborales y que no contrata a personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios a las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerado en México como una empresa socialmente responsable”.

Los diputados presentaron también, como parte del reporte, una serie de recomendaciones para atender el caso.

De esta manera, como quinto punto de esas recomendaciones se habla de hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina y de revisar las violaciones en que ha incurrido, a fin de prevenirlas en el futuro, en materia ambiental, laboral y, en general, de seguridad industrial, “con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.

Reporte

Éstas son algunas de las recomendaciones hechas por los diputados:

• En cuanto al fondo de desarrollo regional que financiaría Grupo México, sugieren que incluya todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, “como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva, con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad”.
• Que el fondo ya anunciado por el gobierno federal, con cargo a Grupo México, con un monto inicial de dos mil millones de pesos, “debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños” ocasionados por el derrame.
• El fideicomiso solventado por la empresa debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable.
• Hacer valer el imperio de la ley exigiendo a todas las autoridades el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.
• Actualizar el marco regulatorio para fijar  sanciones y multas de acuerdo al daño generado, proporcional a las ganancias percibidas y a las reincidencias en ilícitos. Y, entre otras medidas, establecer que “pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana”.
• Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, para atender las repercusiones, afectaciones presentes y futuras, provocadas por el derrame.
• La empresa debe cumplir con las medidas sanitarias  emitidas por la autoridad con el objetivo de proteger la salud de los pobladores.
• Deberá garantizarse a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno sin discriminación.

Invertirán $8 millones en obras de restauración

Para atender y revertir los daños ocasionados por el derrame en la mina Buenavista del Cobre, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció la inversión de ocho millones de pesos a fin de apoyar proyectos de restauración integral y de servicios ambientales, donde participarán ejidos y comunidades de los ocho municipios afectados (incluido Bacoachi) en la cuenca del río Sonora.

La Conafor dio a conocer que con estos recursos se beneficiará al sector social conformado por dos mil 592 ejidatarios y comuneros de 33 núcleos agrarios.

Detalló que en la parte de la restauración integral, los propietarios o poseedores de terrenos forestales en Arizpe, Banámichi y Huépac podrán ingresar proyectos para trabajos de conservación y restauración de suelos, reforestación y protección de 500 hectáreas en terrenos degradados con pérdida de arbolado o áreas perturbadas por enfermedades, plagas o desastres.

El PVEM busca endurecer penas por daño ambiental

El coordinador de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, informó que su fracción presentará hoy una iniciativa para reformar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y aumentar la multa actual en caso de daño al medio ambiente.

Mencionó que se plantea aumentar al triple la pena que se prevé hasta ahora de 40 millones de pesos, en la parte del daño ambiental e incrementar la sanción del sujeto activo.

El retiro de la concesión a la empresa Grupo México, por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi no es el camino adecuado, ya que los afectados serían los trabajadores, comentó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hay un nivel ya de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, que está dando resultados rápidos y la Cámara de Diputados, en su momento, tiene que hacer las conclusiones”, refirió.

Por separado, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, señaló que las conclusiones del informe de la Comisión Especial sobre el derrame de tóxicos en esos ríos deben traducirse en modificaciones legales que impidan que hechos de este tipo queden impunes.

“Se trató de hacer un informe lo más objetivo posible, del que se desprende la necesidad de modificaciones legales para establecer con mayor precisión el tipo de sanciones cuando estos hechos acontecen, de tal manera que no queden impunes”, expuso en declaraciones a la prensa al inicio de la sesión de este miércoles.