JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGACuando Germán Larrea dejó al gobierno del presidente Peña Nieto la advertencia de que se verían en los tribunales, su abogado era Fernando Gómez Mont, y llegó a Los Pinos su versión de que le habían pedido 200 millones de dólares para resolver el conflicto, dinero que, dijo, sería utilizado para las campañas políticas, se endureció la postura oficial.
Peña Nieto canceló la comida que había confirmado con el Grupo Ciudad de México, que encabeza Alberto Baillères, al que llamaron de Los Pinos para decirle que hablara con cada uno de los integrantes de esa mesa, de la que forma parte Larrea, para que les explicara que mientras no se resolviera el desastre ambiental ocasionado por el derrame de su mina en Sonora, no se sentaría con él.
En una entrevista con Noticieros Televisa, el Presidente le dejó el mensaje claro y público: El gobierno está comprometido para aplicar la ley y sancionar a todo aquel que atente contra los recursos naturales y contra el medio ambiente, de acuerdo a los principios marcados por la ley. Creo que este gobierno ha acreditado ante la sociedad que no importando de quién se trate, qué tan poderoso sea en lo económico, en lo político, no importa de qué signo político sea, el gobierno ha aplicado la ley y este no será un caso de excepción. Aplicaremos la ley a cabalidad para asegurar el resarcimiento de los daños ambientales que se ocasionaron en Sonora y que se paguen todas las afectaciones que hubo a las familias que resultaron afectadas con motivo del desastre provocado por esta minera en Sonora.
No obstante esto, Larrea esparció la versión de que había tenido un acuerdo de diez minutos con el Presidente en el que había resuelto todo.
Pero nunca hubo tal acuerdo. Fue un saludo fugaz en un evento público de Banamex y Citi. Allí, en medio de toda la gente, Larrea se acercó a saludar al Presidente y éste le dijo: Todo dentro de la ley, a lo que le respondió: Sí, señor Presidente. Ese fue todo el diálogo.
Al mismo tiempo, la comisión legislativa investigadora del caso confirmaba la responsabilidad de Grupo México, establecía un fondo de 5 mil millones de pesos e insistía en la cancelación de la concesión de la mina Buenavista, fuente del desastre ambiental y que representa la mitad de la producción nacional de cobre.
Después de eso, Larrea reculó y aceptó lo que había rechazado: la constitución de un fideicomiso con una aportación inicial de su grupo de 2 mil millones de pesos.
Además, el Presidente formó una comisión del más alto nivel, presidida por el secretario del Trabajo, a lo que siguió la sumisión y silencio del grupo.
Aunque a los suyos Larrea siga dando sus versiones y repitiendo sus amenazas, de las que lo hago directamente responsable.
Nos vemos mañana, pero en privado
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