Grupo México fue colocado ayer aparentemente en la mira del PRI, y los resortes de la poderosa minera saltaron hasta arrojar no sólo acusaciones directas contra el corporativo de los Larrea de que son una empresa terriblemente violatoria de todas las normas legales y de convivencia con las comunidades, al extremo de practicar el racismo por la oriundez, y de que cuando menos debe poner 5 mil millones de pesos para el resarcimiento de lo que en Sonora cometió, y no solamente los 2 mil millones que pregona. Y, además, de que debe el Gobierno federal plantearse con seriedad cancelar la concesión de la mina de Cananea.

En la mira del PRI porque sus oradores fueron a la tribuna inusualmente afiladísimos, luego de que la Junta de Coordinación Política acordase presentar un informe demoledor contra Grupo México. Y quien preside la Junta es nada menos que el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.  

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, diputado priísta quien además preside la Comisión Especial que da seguimiento al derrame de ácidos líquidos en el cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora, dijo en la tribuna: “Los pobladores de Cananea, los sonorenses y la comunidad nacional han sido dañados por el mayor desastre ecológico en nuestra historia, alterando la vida cotidiana, las actividades productivas, el ingreso y el gasto familiar, así como el valor de las tierras de la región, asuntos que subrayan la relevancia del trabajo que esta comisión ha venido realizando. El daño ambiental y las afectaciones referidas siguen sin cuantificarse totalmente ni han encontrado remedio”.

Y apostillaba el priísta: “Sonora, así lo constatamos, no se ha beneficiado de la actividad minera, mientras que el enriquecimiento del Grupo México, concesionario de Buenavista del Cobre, es sistemático.

La empresa violó la normatividad nacional e internacional que rige la industria minera, sin que el estado disponga de la legislación propicia para enfrentar adecuadamente la contingencia ambiental y sus consecuencias socioeconómicas.

Además de la responsabilidad ecológica y los daños y perjuicios ocasionados a la población, subsisten los relativos a los problemas de salud presentes y futuros en la sociedad sonorense”.

Fue Bernal quien dijo que a Grupo México se le ha multado con 40 millones de pesos por un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido, cuando “gana diariamente 4.4 millones de dólares por la extracción de la riqueza nacional, sin aportar beneficios concretos ni a la región ni al estado de Sonora”.

Y entonces dos datos latigueantes de Bernal sobre el espinazo de Grupo México: “¿Cómo explicar el hospital de la zona cerrado, y que como atestiguamos, un requisito para contratarse como minero en esa empresa sea no ser originario del municipio de Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los derechos sociales?”
El también diputado priísta Williams Oswaldo Ochoa Gallegos cerró la pinza, así: “El grupo empresarial referido no solamente se abstuvo de notificar oportunamente del siniestro a las autoridades estatales y federales, sino que trató de evadir a toda costa su responsabilidad. Pero lo más deleznable, compañeros y compañeras, fue evitar el resarcimiento del daño socioeconómico, ambiental que le correspondería por ley, pero sobre todo por la más básica ética industrial”.

¿De parte de quién? Al parecer, de Beltrones.

Y remachaba Ochoa Gallegos: “En el Poder Legislativo tenemos la ineludible responsabilidad de enviar un enérgico mensaje a quienes aprovechan los recursos de la nación.

Un mensaje cuyo contenido sea la inexorabilidad de consecuencias jurídicas y económicas si se causa un daño a los recursos humanos y materiales mexicanos. 

Un mensaje de que en nuestro país tienen cabida empresarios modernos, transparentes y honestos, comprometidos con el desarrollo nacional”.

Todavía el priísta se daba vuelo, diciendo: “El que contamina, señoras y señores, debe pagar. 

Y el que pone en riesgo vidas y ecosistemas debe responder con la pérdida de su concesión.

La responsabilidad no se agota con el simple pago de 2 millones de pesos, un primer paso para calcular el impacto que el derrame tendrá en la salud, en la economía, en las actividades productivas y en el medio ambiente de Sonora y sus habitantes”.

El PAN en voz del diputado José Enrique Reina Lizárraga afirmó: “Esta catástrofe ecológica marca la pauta para que los empresarios incrementen su compromiso con el respeto al medio ambiente, para que el legislativo brinde los mecanismos legales adecuados a la federación y al Estado en materia de responsabilidad ambiental y para que el Gobierno vigile estrictamente la aplicación de esa ley”.

Y el apostille del panista: “México debe estar preparado legislativamente en materia ambiental ante la llegada de nuevas inversiones que seguramente traerán estas reformas estructurales. Debemos garantizar que se vincule el desarrollo económico del país con la protección del 
medio ambiente”.

Quién no relacionaba con la reforma energética. 

¿Acaso el PRI y el PAN hacían un acto de contrición, por las enormes facilidades que han dado a las petroleras que vienen para hacer lo que quieran cuando lleguen a México?
Un diputado opositor, el petista Manuel Huerta, en contrapartida, aseguró que el PRI y PAN en realidad son unos lobos disfrazados con zaleas de corderos, porque en el informe y el acuerdo de la Junta omiten gravemente responsabilizar a los gobiernos federal, estatal y municipales, cuando son ellos -remachaba- irremisiblemente cómplices de Grupo México y encubridores de los Larrea.