La aprobación del proyecto de ley que propone cambios a la Ley Minera de México, destinados a abordar el impacto social de la industria, aumentaría la carga regulatoria sobre las compañías de dicho sector en la República Mexicana, incluido el requisito de realizar consultas con las comunidades, antes de obtener nuevas concesiones mineras.
Esto último probablemente haría que el proceso de aprobación de nuevos proyectos sea más desafiante y prolongado, consideraron las analistas de Moody’s Marie Fischer-Sabatie, Vicepresidente Senior, y Marianna Waltz, de Finanzas Corporativas.
En un análisis, destacaron que los cambios propuestos en las reglas también mencionan la posibilidad de que el regulador de la minería cancele las concesiones existentes en ciertas circunstancias, las cuales aún no se han determinado completamente.
Sin embargo, destacaron que si bien es demasiado pronto para hacer una evaluación concreta de las posibles implicaciones crediticias, “creemos que las empresas mineras clasificadas, –como Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (Peñoles, Baa3 positivo), Fresnillo plc (Baa2 positivo) y Minera Frisco, S.A.B. de C.V. (B3 estable)–, están bien posicionados para absorber los efectos potenciales de estas nuevas reglas, debido a su enfoque existente en mantener buenas relaciones con las comunidades”.
Las especialistas recordaron que el pasado 20 de noviembre, un senador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó los cambios propuestos a la Ley Minera existente en México.
En dicha propuesta se aborda el impacto social de la industria minera, y se otorga a la Secretaría de Economía (SE), la cual regula al sector minero mexicano, nuevos poderes para evaluar y supervisar los impactos sociales.
Refirieron que uno de los cambios propuestos requeriría una consulta con las comunidades, supervisada por la SE, antes de que se apruebe una nueva concesión minera, y destacaron que estas consultas ya existen en otros países, incluido Perú, donde entraron en vigor en 2012.
Advirtieron que estas consultas pueden llevar tiempo y retrasar los proyectos mineros, lo que también aumenta la incertidumbre con respecto a la posible aprobación de la concesión, si no se puede llegar a un acuerdo satisfactorio entre las empresas mineras y las comunidades.
Asimismo destacaron que las compañías mineras también tendrían que preparar un informe anual sobre el impacto social de sus actividades, y dirigir los fondos a las comunidades que rodean sus operaciones en áreas como salud, educación y trabajo.
Aclararon que el impacto de este requisito no está claro en este punto, porque los montos que se asignarían aún no se han determinado.
Además subrayaron que desde el 2014, las empresas del sector han estado pagando impuestos especiales a la minería, y que el 80% de los mismos contribuye al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, un fondo minero dedicado al financiamiento de proyectos para las comunidades y municipios donde existen operaciones mineras.
En 2017 el fondo totalizó alrededor de 3.7 mil millones de pesos (unos 180 millones de dólares).
Por otra parte enfatizaron que el incumplimiento de los nuevos requisitos en la ley propuesta (informe anual de impacto social y fondos dedicados a las comunidades), eventualmente podría resultar en la cancelación de concesiones.
“El regulador de la minería también tendría la capacidad de cancelar concesiones en ciertas circunstancias, a saber, si un área se considera no explotable o en conflicto social.
“Esto crea incertidumbre para el sector y para los inversionistas en el mismo, ya que los criterios que definen estas áreas aún no se han determinado”, advirtieron.
En este contexto manifestaron que aún es demasiado pronto para evaluar el impacto total de estas propuestas, “dado que todavía podría haber enmiendas, y nos faltan algunos detalles para cuantificar los efectos, pero creemos que las compañías mineras calificadas están en una buena posición para mitigar los efectos potenciales”.
Reiteraron que Peñoles, Fresnillo y Minera Frisco ya se han centrado en el desarrollo sostenible durante años, e implementado iniciativas para minimizar su impacto en las comunidades locales.
“Peñoles y Fresnillo, que se benefician de una base de bajo costo y sólidas métricas financieras, tienen flexibilidad para absorber algunos costos adicionales, además de que ambas empresas ya dedican algunos fondos a las comunidades.
“En sus informes anuales de 2017, Peñoles y Fresnillo indicaron que habían dedicado 217 millones de pesos (alrededor de 11 y 2 millones de dólares, respectivamente), a las comunidades, además del pago de los impuestos especiales a la minería”, puntualizaron.
Original Article: https://dnf.com.mx/index.php/2018/11/23/cambios-a-ley-minera-que-morena-propone-elevarian-carga-regulatoria-moodys/
