Por Omar de la Vara / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora (DP).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó irregularidades en la operación de la empresa Minerales Libertad luego de una inspección ocular realizada a solicitud de los ejidatarios de San Antonio de la Huerta, por lo que estudia aplicar una multa por más de 3 millones de pesos a la compañía canadiense.
En la inspección, en materia de industria, se detectó que los contenedores de residuos peligrosos no cuentan con identificación y el almacén temporal de estas sustancias no cumple con todos los requisitos marcados por la normatividad ambiental; destacó que por cualquiera de estas dos irregularidades la sanción puede ser de hasta 3 millones de pesos
En materia de recursos naturales, la empresa minera de capital canadiense no presentó el resultado del programa de rescate de la especie vegetal de Amapa, ni el aviso de inicio de obras; otra irregularidad fue la falta de documentación en el momento de la visita de inspección pero fue solventada por representantes de la empresa en el plazo de cinco días que se les dio para cumplir, como la autorización para la modificación del proyecto minero.
Congreso de la Unión
Hace una semana, el dirigente del PRD en Sonora, René Noriega, viajó el miércoles a instancias federales para exponer la problemática que prevalece en el Estado donde los problemas sociales no se están atendiendo por parte de las autoridades, por lo que se entrevistarán con una luchadora social hoy en el cargo de Diputada Federal y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos Agraria Jazmín Copete Zapot.
El líder perredista dijo a Dossier Político que le presentaran una propuesta de punto de acuerdo y hacerle ver al Gobierno de Sonora la presunta ilegalidad en el caso de Minerales Libertad, instalada en el ejido San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora.
El dirigente confirmó que a decir de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, los ejidatarios detenidos el pasado viernes por fuera de la mina están por el delito de despojo agravado; sin embargo, es un problema agrario que se debería resolver en otras instancias.
El Gobierno utilizó la fuerza pública para detener a 40 personas entre jóvenes adultos y ancianos, atendiendo una denuncia por despojo interpuesta por un extranjero en tierras propiedad de la nación y con derechos absolutos por parte del ejido.
Destacó René Noriega lo rápido que atendió la denuncia el gobierno estatal interpuesto por un extranjero:
Qué rápida la justicia de que se va y los detienen a todos y luego no conforme con esto, detienen al comisariado ejidal y a dos abogados y se dice que estaban por esos delitos, muy presto el gobernador, rapidito dijo al procurador tráetelos y entámbalos, así que hicieron el operativo, esto no nos da más que pensar que alguien estaba recibiendo dinero, la mina parada no estaba produciendo dinero a alguien del Gobierno del Estado, criticó.
Existen dos situaciones graves, consideró René Noriega que están sucediendo en Sonora:
Primero, que un extranjero se llame despojado en tierras ejidales y por las características como se dan las tierras ejidales es un tema delicado nivel nacional y segundo, la manera de actuar del Gobierno del Estado, violentando el acuerdo que el mismo Gobierno del Estado está provocando, una mesa de negociación con la Secretaría de Gobierno a punto de firmarse el acuerdo, un día antes de la firma van y los detienen, denunció.
La CEDH Sonora
El mismo día, la CEDH Sonora atrajo de manera oficiosa el caso de los ejidatarios de san Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa luego de que salió publicado el caso en Dossier Político de fecha 5 de abril, según consta en el expediente V33-01-00465-2013 así lo informó el visitador general Aldo Saracco Morales.
El pasado viernes los pobladores del Ejido San Antonio fueron detenidos por la PEI por fuera de las instalaciones de la mina propiedad de Minerales Libertad cuando protestaban contra la empresa por la supuesta contaminación del agua potable y del terreno de agostadero.
Durante la tarde de ese mismo viernes, cinco personas más fueron detenidos mientras protestaban por fuera del edificio de la PGJE bloqueando la calle Rosales.
El visitador Aldo Saracco dijo que hasta el momento en base a entrevistas y visitas a los detenidos algunos ya liberados, se corroboró que no fueron agredidos físicamente, sin embargo la investigación continúa para determinar una violación a las garantías individuales de la personas.
Informó que se ha solicitado al Ministerio Público Investigador del fuero común para que en un plazo no mayor a cinco días, rinda un informe justificado acerca de todos y cada uno de los hechos que motivaron la queja, informe que deberá venir acompañado del expediente de la causa penal que para tal efecto se haya abierto.
Aun cuando los primeros 43 ejidatarios detenidos fueron liberados sin pagar fianza, se encuentran bajo las reservas de ley; en cuanto a los cinco arraigados agrego el visitador no han obtenido su libertad porque son acusados de ser los autores intelectuales de despojo agravado en despoblado cometido por dos o más personas por lo que no alcanzan fianza y aun cuando la empresa retire los cargos el caso se sigue de oficio.
El martes, las Delegaciones Federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) en Sonora, se dieron a la tarea de coordinar trabajos para realizar la inspección correspondiente respecto al estado en que opera Minerales Libertad y si realmente cumple con la normatividad de impacto ambiental.
La Semarnat y Profepa
El nuevo delegado en Sonora, Ulises Cristópulos, informó a Dossier Político que ya investiga la denuncia de los ejidatarios hecha pública en este medio, los ejidatarios en una parte de la mina tienen derecho a la extracción de metales; de detectar alguna irregularidad, las sanciones serían desde una multa económica hasta la cancelación de operaciones de la mina.
Dijo a DP que de detectar alguna irregularidad las sanciones serían desde una multa económica hasta la cancelación de operaciones de la mina dependiendo en daño ecológico en que estén incurriendo.
El delegado de la Profepa y yo estuvimos platicando el día sábado y también el día de hoy; con el objetivo de programarse una visita a la mina y de encontrar que efectivamente se está afectando el ecosistema y el medio ambiental de la zona, pues se procedería en contra de la mina dependiendo de las condiciones y el grado de complejidad que pudiéramos encontrar y las sanciones van desde una multa económica hasta la cancelación de operaciones de la empresa, advirtió el delegado federal Ulises Cristópulos.
Dio a conocer también que la última inspección realizada por la delegación federal de la Profepa fue hace un año (dependencia comisionada para inspeccionarla) y cumplía con la normatividad.
Otro dato importante que dio a conocer, el cual pudiera ser importante para que liberen a los ejidatarios arraigados según la información con la que cuenta, es que los ejidatarios también tienen derechos de extracción de metales en una zona de la mina.
En particular quiero comentarte que también los ejidatarios en una parte de la mina tienen derecho a la extracción de metales; que ellos también tienen allí en una sección para dichos fines, aseguró Ulises Cristópulos.
Impacto ambiental
Respecto al historial de la mina, el delgado federal dio a conocer que inició operaciones en el año 2006 la cual en ese momento sí cumplía con la normatividad y requisitos de impacto ambiental que en aquel entonces exigían las dependencias encargadas para poder operar.
Esta mina solicitó el manifiesto de impacto ambiental en Semarnat en el años 2006; posteriormente realizó el trámite correspondiente según los requisitos establecidos entre ellos el manifiesto de impacto ambiental; y una vez que se generó dicho documento y que se cumplió con los requisitos de aquel entonces se instaló y he inició operaciones, puntualizó.
Aclaró que la Delegación de la Profepa sería la dependencia federal encargada de realizar la inspección y vigilancia de la mina, en el sentido de que se cumpla con la normatividad en materia de medio ambiente e impacto ambiental según respecto a lo que establece la ley.
La denuncia
El sábado, Dossier Político publicó que en otra triste historia que quedará en los pasajes de la injusticia en Sonora en la actual administración, ejidatarios de San Antonio de la Huerta son procesados penalmente por protestar contra la inclemente devastación ecológica de la mina La Libertad, propiedad de las compañías Zaruma Resources, Inc. y Minerales Libertad, S. A. de C. V.; mientras, el Gobierno del Estado avala la contaminación ambiental y del agua del río que enferma a los pobladores.
El Gobierno del Estado realiza una investigación, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre el bloqueo al acceso de la mina canadiense La Libertad localizada en el municipio de Soyopa, Sonora donde detuvo a 46 ejidatarios; sin embargo, ignora la contaminación, devastación ecológica y daños a la salud provocados a la población por la compañía que extrae, explota y exporta el oro de la región.
Representantes de los afectados dicen que una vez más, el Gobierno del Estado de Sonora muestra a través de la Procuraduría General de Justicia y agentes de la Policía Estatal, la política de represión contra humildes ejidatarios de San Antonio de la Huerta que protestaron en las instalaciones de la PGJE por la detención de más de 40 pobladores que protestaron contra la contaminación y devastación de la compañía minera.
Los inconformes señalaron a DP que el Gobierno del Estado actúa como cómplice y permite la despiadada contaminación del subsuelo, agua y ambiente que ha devastado las inmediaciones donde la empresa canadiense extrae desde hace años el valioso oro de Sonora con el consentimiento de las autoridades estatales.
Después de 8 horas de protestar frente a Palacio de Gobierno y después trasladarse a las instalaciones de la PGJE por la calle Rosales y Paseo del Río, las autoridades decidieron desarticular el plantón y arremetieron contra medio centenar de pobladores que exigían la libertad de sus compañeros.
De este vergonzoso actuar del Estado vía agentes de la PEI, la CEDH Sonora registró los hechos y ya integró el Expediente de Queja de manera oficiosa por lo realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto por la detención de quienes protestaron por la contaminación como por el desalojo donde se utilizó la fuerza pública en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia y el bloqueo de la calle Rosales.
La Policía Estatal utilizó casi un centenar de elementos en esta acción para abrir la circulación por la citada rúa, una medida que justificaron legal luego del bloqueo de las vías generales de comunicación, acción que provocó una trifulca donde decenas de manifestantes resultaron agredidos por los policías de la PEI durante el desbloqueo.
La Libertad, blindada
Sobre los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó a la prensa que por la mañana del viernes habían sido trasladados a Hermosillo 46 ejidatarios y pobladores de San Antonio de la Huerta luego de la minera La Libertad interpuso una querella contra quienes bloquearon el acceso al complejo minero.
Los ejidatarios son propietarios de los terrenos y tienen un contrato firmado de arrendamiento con los dueños de la mina, que aún está vigente, entonces al estar impidiendo el acceso a la mina están violando el contrato de arrendamiento que tienen firmado, dijo la vocera quien no dio a conocer el nombre de la mina Libertad.
Ante el bloqueo, la PGJE determinó ejecutar una orden de restitución sin precisar si fue emitida por un juez; sólo se detuvo a las personas, y se les trasladó a Hermosillo para ponerlas a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración, en el ínter se presentan personas a la Procuraduría y bloquean el acceso a una de las vías de las arterias viales más importantes de la Ciudad.
A pesar de que los atiende el director de Averiguaciones Previas, les recibe su inquietud, los canaliza con la Subsecretaría de Gobierno, a pesar de que los canaliza, ellos siguen bloqueando la vía pública; por ese motivo se trasladan varios elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Investigadora, les piden de nueva cuenta que por favor se retiren de la calle, no acceden y ahí se detienen a cinco personas, por el delito que es bloqueo a la vía pública, justifica la funcionaria de nombre Tatiana Gómez Unger.
Además, en su presentación a los medios de comunicación dijo que el centenar de policías estatales que participaron en el desbloqueo de la calle Rosales fueron agredidos por los manifestantes:
En su afán de no acatar las órdenes, de no cumplir, empiezan a lanzar patadas y golpes y los tienen que someter, se tiene que hacer uso obligado de la fuerza para someter a la gente que se resiste al arresto; pero de ninguna manera se viola el derecho a nadie, ni se llega a golpear a nadie, si resultan con golpes es porque se resisten y patean, golpean y demás, se tienen que abalanzar sobre ellos, y detenerlos, asegurarlos, refiere.
Por ello defendió el proceder de los policías estatales y municipales y sostuvo que la autoridad en ningún momento actuó de manera arbitraria pues fueron los ejidatarios quienes cometieron la ilegalidad al violar las cláusulas del contrato con la empresa minera.
Increíblemente, el Gobierno del Estado y la PGJE investigan una violación de contrato y no una devastación inclemente de la región y permite que Minerales Libertad contamine sin piedad y enferme a las familias de San Antonio de la Huerta, Soyopa, Sonora, México.
Los arraigos
El sábado, la señora Verónica Ortega denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado arraigó al abogado de los ejidatarios detenidos así como a otras 4 personas más por el bloqueo de la calle Rosales y por realizar el plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El vocero de los habitantes de San Antonio de la Huerta, Soyopa, Manuel Ignacio Yáñez quien durante el viernes había denunciado a Dossier Político la detención arbitraria de 40 compañeros, fue arraigado junto al representante legal Ramsés Valenzuela y los señores David Guadalupe, Sergio y Ramón Antonio Acedo y llevado al Centro de Arraigo del Hotel Sol del Pitic.
La denunciante expuso que la intención de las autoridades es que los hoy detenidos identifiquen al resto de los integrantes de la Mesa Directiva que llevaba a cabo negociaciones con Minerales Libertad que asegura, incumple con los pagos a los ejidatarios que le rentan las tierras.
Sostuvo que por más de 20 años la compañía minera ha contaminado los mantos freáticos de la zona y que incluso ya ha pasado al agua del Río Yaqui, el movimiento es de todo el ejido, no de un grupo nada más, todos nos vemos afectados con el incumplimiento de la minera, nosotros estamos cansados de tantas injusticias.
El problema que derramó el vaso fue que la empresa incumplió con el pago de la renta de 420 hectáreas de tierra propiedad del ejido San Antonio de la Huerta, Soyopa, además de que la compañía les cobra por el agua potable, pero la compañía incumplió el pago de 60 mil pesos anuales a cada ejidatario durante los últimos 5 años del contrato.
Verínica Ortega dijo que la empresa minera se había comprometido a reubicar el pozo de agua debido a la alta concentración de químicos y contaminantes que se derraman al procesar el oro y el cobre del lugar, también que se construiría una planta de agua purificada y además se pavimentaría con concreto hidráulico un kilómetros de San Antonio de la Huerta para mejorar la rúa; sin embargo, Minerales Libertad incumplió el contrato.
Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha dejado en libertad a 42 ejidatarios que protestaron fuera de la mina; sin embargo, mantiene bajo arraigo a 5 más que se plantaron frente a las oficinas por lo que más de un centenar exige su liberación.
El plantón en Palacio
El lunes, pobladores de San Antonio de la Huerta se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la liberación de los detenidos, luego de que fueran detenidos cuando realizaban una manifestación pacífica por fuera de la PGJE el pasado viernes.
Desde las 8 de la mañana, habitantes de San Antonio de la Huerta se apostaron con cartulinas frente a Palacio de Gobierno para exigir la inmediata liberación de los 5 ejidatarios arraigados, a quienes aseguran les fueron violados sus derechos humanos al ser detenidos de manera arbitraria
Se trata del presidente ejidal, Sergio Acedo Miranda; secretario ejidal, Ramón Antonio Acedo Espinoza; el vocero de los habitantes de San Antonio, Manuel Yáñez y los asesores jurídicos Ramsés Valenzuela y David Guadalupe Valenzuela.
La vocera de los pobladores, Alma Leticia Acedo Miranda, quien pide a la mina Minerales Libertad les cumpla con los compromisos acordados en un contrato donde especifica el pago de 60 mil pesos a 98 ejidatarios, asegura que cientos de familiares, vecinos y amigos de los detenidos se plantarán frente a Palacio de Gobierno hasta que sus compañeros sean liberados o en su caso se abra una mesa de diálogo.
Aseguraron los quejosos que las autoridades estatales violaron las garantías individuales de los ciudadanos, los detuvieron violentamente, sin orden de aprehensión y los incomunicaron durante más de doce horas.
Como se recordará, el viernes pasado 42 personas de la población de San Antonio de la Huerta fueron detenidas por bloquear el accesos a la mina por el supuesto delito de despojo, los cuales fueron liberados el mismo viernes en la noche después de declarar ante el ministerio Público
Los detenidos por manifestarse frente al edificio de la PGJE a través de sus familiares no descartan que personas ajenas a la población hayan filtrado personas entre los pobladores detenidos para inculparles algún delito.
Extraño se le hace a los manifestantes que diputados de oposición, partidos y asociaciones civiles no se hayan manifestado en contra del gobierno por la actitud intransigente, prepotente y poco negociadora; por protestar contra la Minera Libertad, de capital canadiense, la cual durante años ha contaminado el ambiente, subsuelo y el río en San Antonio de la Huerta, más de 40 sonorenses de la tercera edad fueron detenidos por la Policía Estatal.
Exigen libertad
El mismo lunes, el periodista José Luis Jara reportó a Dossier Político que los ejidatarios advirtieron que no queremos uno, ni queremos dos, queremos que liberen a los cinco detenidos, expresó Irma Leticia Acedo Miranda, en representación de los integrantes del ejido San Antonio de la Huerta que se plantaron este 8 de abril en Palacio de Gobierno desde las ocho de la mañana.
Acompañada por habitantes y ejidatarios de San Antonio realizaron un mitin donde participaron diferentes organizaciones sindicales y sociales que fueron a brindarles el apoyo.
No están solos les dijeron, en tanto una comisión de ejidatarios entró posterior al acto para platicar con el director de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Amaya, a quien le entregaron un oficio dirigido al gobernador Guillermo Padrés.
En el documento le solicitan al mandatario su intervención para que se lleve a cabo la reinstalación de la mesa de diálogo que había procesado una solución integral al conflicto del ejido San Antonio de la Huerta, entre el Gobierno del Estado y la empresa Minerales Libertad y el ejido.
Le expresan que los ejidatarios se pronuncian por el diálogo y un acuerdo que permita concluir el conflicto social y evitar la criminalización de la protesta social, dejando en inmediata libertad a los representes del ejido y asesores que actualmente se encuentran detenidos bajo cargos penales graves, inventados por la empresa minera.
Desde el viernes pasado, agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvieron al presidente ejidal Sergio Acedo Miranda, al secretario ejidal ramón Antonio Acedo Espinoza David Guadalupe Valenzuela, al vocero de los habitantes de san Antonio, Manuel Yáñez y los asesores Ramsés Valenzuela y David Guadalupe Valenzuela.
El hijo de este último, David Valenzuela, denunció en entrevista aparte, que la agencia ministerial se ha negado a mostrar los expedientes de los cinco arraigados, en completa violación de sus garantías individuales.
Existe el temor, añadió, que se pretenda inventar el delito de despojo agravado, porque es irregular que una empresa extranjera demande por despojo a los dueños de la tierra que explotan en la mina.
En el plantón de los ejidatarios, señores de la tercera edad, jóvenes de ambos sexos, niños, niñas, familias enteras, se apostaron frente a las oficinas del gobernador con mantas y cartulinas.
En una de las mantas, grande y con letra roja le piden al Secretario de Gobernación Osorio Chong pedimos tu intervención, liberación de presos políticos, no queremos otro Acteal. Jóvenes mujeres portaron cartulinas donde le piden al gobernador Atienda esta injusticia. Y señoras mayores, mediante cartulina de colores exigen La liberación de los cinco detenidos.
Venimos a manifestarnos para exigirle al gobernador la liberación de los compañeros que se encuentran arraigados, declaró a la prensa Irma Leticia Acedo¬¬ poco antes de iniciar un acto donde diferentes representantes de organizaciones sociales y sindicales expresaron el apoyo a la lucha de los ejidatarios.
