Fuente: La Jornada
miércoles, 24 de abril del 2013
Foto: Internet
En México, mineras trasnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derechos, cinco pesos anuales por hectárea explotada; cada año piden a la Secretaría de Hacienda, crédito fiscal; tienen concesiones por 50 años renovables; pagan los salarios más bajos de Latinoamérica; han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades, y han provocado en ellas afectaciones sociales.
Legisladores del PRD, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como organizaciones sociales de diversas entidades, hicieron ayer un diagnóstico crítico de la actuación de las empresas mineras en México.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, demandó que se recompongan las “rasgaduras” y violaciones que han infringido a la Constitución estas empresas y se les castigue por todo el “daño humano” y las muertes que han provocado.
En un foro, organizado en el Senado de la República para analizar la situación del sector y caminar hacia una ley minera desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales, la constante fue la urgencia de modificar la legislación actual. Los diversos sindicatos que asistieron hicieron denuncias puntuales respecto de los abusos, violaciones y sobrexplotación de recursos y de trabajadores que permite el gobierno a las mineras, que “se han convertido en un serio factor de inestabilidad política generalizada en el país”.
Para los doctores y catedráticos de la UNAM, Jaime Cárdenas, Rodrigo Gutiérrez Rivas y Josefina Morales, así como para el doctor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Jorge Peláez, es inconcebible que 30 por ciento del territorio mexicano esté concesionado a mineras extranjeras, pero también a las nacionales, a las cuales la actual ley minera les otorga, como en ningún otro país, beneficios fiscales y les permite la explotación del subsuelo sin que haya ningún beneficio para el Estado mexicano y mucho menos para las comunidades.
Los ponentes propusieron una modificación absoluta de la legislación, en la que las empresas establecidas en México paguen derechos, como en todo el mundo; que no se dejen espacios en la legislación que les permitan evadir impuestos; que se les aplique sanciones cuando no cumplan con los ordenamientos de impacto ambiental, y que se revisen todas las concesiones otorgadas y se les obligue a no violar derechos humanos y laborales.
Pagan los peores salarios en México y evaden impuestos
En el inicio del foro, la senadora Iris Vianey Mendoza, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en esa cámara, Miguel Barbosa Huerta, y el presidente del comité ejecutivo nacional de este partido, Jesús Zambrano, plantearon que se busca una reforma centrada en recuperar la congruencia entre el derecho internacional y la legislación nacional; que respete los derechos humanos y de los pueblos indígenas,y que recupere la primacía jurídica del interés público sobre el privado. Ello frente a la “devastación brutal ecológica y social” que están provocando estas mineras.
Genaro Arteaga, secretario de asuntos políticos del sindicato de mineros, expuso que es necesario rescatar el papel del Estado en las concesiones de extracción. Grupo México, por ejemplo, es de capital nacional, pero se le ha permitido la expansión de la inversión trasnacional en el sector.
Diversas organizaciones denunciaron en el foro que las mineras han asesinado a dirigentes y luchadores sociales, y han reprimido a los opositores, además de provocar el desplazamiento de comunidades enteras, afectar sus ríos y ecosistemas, generado la crisis social en que han sumido a las regiones donde operan.
Hablaron sobre estas afectaciones representantes de la colonia La Mira, en Lázaro Cárdenas, Michoacán; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero; de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; de Calpulalpan y de San José del Progreso, Oaxaca, y de Minera San Javier, entre otros afectados social, ambiental y económicamente por estas empresas.
Alejandro Villamar, de la Red Mexicana contra la Minería, presentó cifras oficiales dramáticas que muestran que las empresas extractivas pagan los peores salarios en México. Los datos dicen que, en promedio, “ganan más los mineros peruanos que los mexicanos”. En cambio, los márgenes de ganancia de las mineras son mayores en este país.
Estas firmas piden cada año crédito fiscal para “pagar después sus impuestos”, cosa que no hacen, pues deducen el valor de sus inversiones o cargan los pasivos de otras empresas del consorcio y terminan por no pagar nada, remató.
Legisladores del PRD, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como organizaciones sociales de diversas entidades, hicieron ayer un diagnóstico crítico de la actuación de las empresas mineras en México.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, demandó que se recompongan las “rasgaduras” y violaciones que han infringido a la Constitución estas empresas y se les castigue por todo el “daño humano” y las muertes que han provocado.
En un foro, organizado en el Senado de la República para analizar la situación del sector y caminar hacia una ley minera desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales, la constante fue la urgencia de modificar la legislación actual. Los diversos sindicatos que asistieron hicieron denuncias puntuales respecto de los abusos, violaciones y sobrexplotación de recursos y de trabajadores que permite el gobierno a las mineras, que “se han convertido en un serio factor de inestabilidad política generalizada en el país”.
Para los doctores y catedráticos de la UNAM, Jaime Cárdenas, Rodrigo Gutiérrez Rivas y Josefina Morales, así como para el doctor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Jorge Peláez, es inconcebible que 30 por ciento del territorio mexicano esté concesionado a mineras extranjeras, pero también a las nacionales, a las cuales la actual ley minera les otorga, como en ningún otro país, beneficios fiscales y les permite la explotación del subsuelo sin que haya ningún beneficio para el Estado mexicano y mucho menos para las comunidades.
Los ponentes propusieron una modificación absoluta de la legislación, en la que las empresas establecidas en México paguen derechos, como en todo el mundo; que no se dejen espacios en la legislación que les permitan evadir impuestos; que se les aplique sanciones cuando no cumplan con los ordenamientos de impacto ambiental, y que se revisen todas las concesiones otorgadas y se les obligue a no violar derechos humanos y laborales.
Pagan los peores salarios en México y evaden impuestos
En el inicio del foro, la senadora Iris Vianey Mendoza, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en esa cámara, Miguel Barbosa Huerta, y el presidente del comité ejecutivo nacional de este partido, Jesús Zambrano, plantearon que se busca una reforma centrada en recuperar la congruencia entre el derecho internacional y la legislación nacional; que respete los derechos humanos y de los pueblos indígenas,y que recupere la primacía jurídica del interés público sobre el privado. Ello frente a la “devastación brutal ecológica y social” que están provocando estas mineras.
Genaro Arteaga, secretario de asuntos políticos del sindicato de mineros, expuso que es necesario rescatar el papel del Estado en las concesiones de extracción. Grupo México, por ejemplo, es de capital nacional, pero se le ha permitido la expansión de la inversión trasnacional en el sector.
Diversas organizaciones denunciaron en el foro que las mineras han asesinado a dirigentes y luchadores sociales, y han reprimido a los opositores, además de provocar el desplazamiento de comunidades enteras, afectar sus ríos y ecosistemas, generado la crisis social en que han sumido a las regiones donde operan.
Hablaron sobre estas afectaciones representantes de la colonia La Mira, en Lázaro Cárdenas, Michoacán; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero; de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; de Calpulalpan y de San José del Progreso, Oaxaca, y de Minera San Javier, entre otros afectados social, ambiental y económicamente por estas empresas.
Alejandro Villamar, de la Red Mexicana contra la Minería, presentó cifras oficiales dramáticas que muestran que las empresas extractivas pagan los peores salarios en México. Los datos dicen que, en promedio, “ganan más los mineros peruanos que los mexicanos”. En cambio, los márgenes de ganancia de las mineras son mayores en este país.
Estas firmas piden cada año crédito fiscal para “pagar después sus impuestos”, cosa que no hacen, pues deducen el valor de sus inversiones o cargan los pasivos de otras empresas del consorcio y terminan por no pagar nada, remató.
