Habitantes totonacas del municipio de Olintla denunciaron que Grupo México abrió, sin su autorización ni del ayuntamiento y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un camino alterno para llegar a la zona del río Ajajalpan, en donde pretende instalar una hidroeléctrica.

El camino, de más de dos metros de ancho y con avance de 2 kilómetros de largo, está entre las comunidades de Santa Catarina y El Machat, en una zona de frecuentes deslaves tras el rechazo de los pobladores de las comunidades de Ignacio Zaragoza, Santa Catarina y Dimas López de vender su tierra a ese corporativo.

A través del Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, así como de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, los totonacas expresaron su indignación por la incursión de maquinaria que está destruyendo cientos de hectáreas de cultivos de maíz y café, así como zonas forestales, que son el sustento de miles de familias de esta región.

La acción, recalcaron, se está elaborando con la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, a pesar de que se trata de una “abierta agresión a las comunidades amenazadas por los proyectos hidromineros”, indicó.

Agregaron que se trata de prácticas de violencia e intimidación, particularmente en los casos de las comunidades de Santa Catarina y Dimas López, en donde el rechazo a Grupo México es más amplio. 

Además, criticaron que dicha empresa articuló un discurso racista y denigratorio en el cual califica a los totonacas de “ignorantes por no querer el progreso”; a los activistas ambientales los considera “pseudo ambientalistas, agitadores, radicales”, lo que está generando las condiciones para legitimar el uso de la violencia estatal y por parte de esta empresa.

En tanto, un grupo de intelectuales e investigadores internacionales y mexicanos, además de líderes sociales, expresó su solidaridad con el movimiento de indígenas totonacas que ha detenido el avance de Grupo México.

“Exigimos a las autoridades que cese el hostigamiento a las comunidades de la Sierra Norte, se garantice su seguridad y se respete su derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, según el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos también que atiendan las denuncias y quejas interpuestas por las comunidades afectadas”, clamaron en un documento que circula a nivel mundial.

El texto subraya: “Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a las organizaciones que integran el Consejo Tiyat Tlali, cuyo trabajo de más de 50 años en la Sierra Norte de Puebla ha contribuido a la construcción de una sociedad justa. Rechazamos la política de descalificación y denigración de sus miembros por parte de autoridades municipales y estatales de Puebla”.

Los firmantes son el lingüista e investigador del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, en inglés) Noam Chomsky; el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP John Holloway; los investigadores de la UNAM Juan Villoro, Pablo González Casanova, Carlos Fazio, Rodolfo Stavenhagen, Francisco López Bárcena y Fernanda Navarro.

También signaron Magdalena Gómez, de Derecho Indígena; el académico Michael Löwy, del Centre National de la Recherche Scientifique; Raúl Vera, obispo de Saltillo; David Barkin, investigador de la UAM, así como Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, y el periodista uruguayo Raúl Zibechi.

Destaca el nombre de Alejandro Solalinde, recién galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, y los investigadores del INAH Puebla Cecilia Vázquez Ahumada, Joel Peña y Zaid Lagunas Rodríguez entre otros activistas y académicos de Veracruz, México, Morelos y de la República de Sudáfrica.