La mina Buenavista del Cobre, operada por el Grupo México, ha declarado a las autoridades el retiro del ciento por ciento de los escombros luego del derrame de tóxicos el pasado 6 de agosto en los ríos Bacanuchi y Sonora, aseguró Guillermo Haro Bélchez.

El conferencia de prensa, el Procurador Federal del Medio Ambiente precisó que las autoridades han obligado al Grupo México para que obtenga un acta donde los alcaldes de los siete municipios afectados validen el trabajo de retiro de escombros.

"Hemos impuesto al Grupo México la obligación de que los alcaldes suscribieran un acta donde se garantice que se hizo el retiro de los escombros de los sedimentos, producto del derrame, y desde luego los que se generaron por las precipitaciones pluviales", expuso el funcionario.

Añadió que en los casos de los municipios de Ures, Huepac y Baviácora, los alcaldes ya han firmado las actas de conformidad y añadió que hasta que los siete municipios aprueben los trabajos de retiro de escombros, la Profepa no dará por cumplimentada la imposición de esa autoridad.

En cuanto a la limpieza de los lechos de los ríos Bacanuchi, Sonora y sus afluentes, Haro Bélchez, adelantó que el 27 de octubre la empresa minera tendrá que presentar la caracterización del sitio con el diagnostico en que se encuentran los lechos del ríos, así como flora, fauna, zona agrícola, pecuaria, incluyendo los riegos sanitario.

"Y eso dará pie a que el Grupo México pueda presentarnos el plan de remediación a corto, mediado y largo plazo, plan que tendrá que ser aprobado por Semarnat y la Profepa vigilará puntualmente el cumplimiento", refirió.

En tanto, el titular de la Cofepris, Mikel Arriola, aseguró que los 31 pozos de agua para uso doméstico y consumo humano que mediante actas fueron entregados a los alcaldes de los siete municipios, contienen metales pesados dentro de la norma establecida.

El funcionario dijo que dichos pozos tienen la capacidad para surtir de agua potable "casi al cien por ciento" de los 23 mil ribereños de los siete municipios afectados por el derrame del pasado 6 de agosto.

Expuso ante la advertencia de investigadores sobre la calidad del agua, que la dependencia ha impuesto al Grupo México la obligación de mantener el monitoreo de los pozos cada quince días y durante cinco años.

"De forma tal de tener al día y a la mano sobre qué características mantienen las aguas subterráneas y las aguas superficiales en la zona afectada", puntualizó.