Las políticas de libre mercado, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio firmado en 1994; las concesiones del subsuelo, sustentados en la Ley Minera y la Ley Federal de Derechos; la falta de pago de regalías y el secreto fiscal; la reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992 que permitió que las tierras comunales y ejidos se convirtieran en propiedad privada, explican que un grupo de seis mineras canadienses controlen el 70 por ciento de la explotación del oro en México y posean en territorio nacional reservas de ese metal con un valor total de 83 mil millones de dólares, y que a pesar de los abusos que cometen con comunidades cercanas a los lugares de explotación salgan avantes en conflictos generados por su forma de operar, que se resume en bajos costos de operación, reducidos impuestos y cuotas ambientales, que les significan poca inversión y mucha ganancia.